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En presencia de funcionarios, dirigentes, productores y socios de la entidad, Pino vinculó esta problemática a la inacción judicial y a la complicidad de la política, que poco hacen por combatir a “quienes atentan contra el derecho a la propiedad privada, definido en la Constitución Nacional”.
La propiedad privada, como todo derecho, debe “ser garantizado y no se negocia, por eso desde la Sociedad Rural continuará alzando su voz en cada ocasión en que un productor se vea afectado” expresó Pino.
Un claro ejemplo de esto es la situación que atraviesa la provincia de Mendoza, que por decisión del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) se están entregando unas 25.000 hectáreas a comunidades mapuches. Con relación a esto Pino se preguntó: “¿Por qué el Estado cede a algunos lo que es de todos?”.