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La Sociedad Rural Argentina destaca la absolución de su expresidente, Eduardo de Zavalía, y de su exsecretario Juan Alberto Ravagnan con el que se pone fin a más de 20 años de infundada persecución judicial. Asimismo, ratifica la legalidad de la operación de compraventa de su Predio Ferial de Palermo y la vigencia de sus derechos sobre el mismo.
La Comisión Directiva de la Sociedad Rural Argentina está absolutamente convencida de que, con la absolución de sus ex directivos, Eduardo de Zavalía y Juan Alberto Ravagnan, en el juicio penal por la compraventa del Predio Ferial de Palermo, se ha hecho Justicia, a más de 20 años de iniciada la causa y 28 años de sucedidos los hechos.
En efecto, durante el juicio quedó demostrado que no hubo acto de corrupción alguno por parte de los directivos intervinientes. Por el contrario, tanto De Zavalía como Ravagnan actuaron responsablemente bajo el amparo de la ley y la Política de Estado vigentes.
Por otra parte, quedó claro la SRA nada tuvo que ver con esa decisión de poner el predio a la venta, que fue realizada cumpliendo los requisitos legales y a un precio acorde con las restricciones y obligaciones que se asumían. La SRA solo tenía dos opciones: aceptarlas o perder el predio.
Resulta inaudito que esta compraventa ajustada a Derecho que tuvo lugar hace 28 años haya provocado una persecución inédita contra los directivos de la SRA, con clara aniquilación de la garantía de ser juzgado dentro de un plazo razonable. Es insostenible desde el principio de dignidad humana y el estado de inocencia que alguien esté sometido a un proceso más de 20 años y se lo pretenda condenar por un hecho luego de casi tres décadas.
En virtud de todo lo expuesto la Sociedad Rural Argentina que está convencida de que su absolución es la decisión judicial que más se ajusta a Derecho, y destaca la labor realizada por los abogados para que finalmente se haya hecho justicia.
Nuestra entidad continuará sosteniendo y defendiendo sus derechos sobre el Predio Ferial de Palermo, fundados en la propiedad privada, garantizada por nuestra Constitución, con todos los antecedentes jurídicos en los que se sustenta dicha propiedad.